Una delegación integrada por Rosana Costa y Carmen
López, secretarias de Política Social de CCOO y UGT, y otros representantes de
la Plataforma Social compuesta por más de 55 organizaciones, harán entrega
mañana miércoles en los ministerios de Sanidad y de Educación del manifiesto
"Con la Sanidad y la Educación no se juega", en el que declaran que "estamos
dispuestos a defender el presente y el futuro del Estado del Bienestar, y
exigimos al Gobierno que rectifique esta política y acepte otras opciones más
justas y equitativas para superar la crisis".
La Plataforma Social en Defensa
del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, integrada por CCOO y UGT y más
de cincuenta organizaciones sociales, alertan en un Manifiesto de que las
decisiones que están adoptando el Gobierno de España y la mayoría de los
gobiernos autonómicos de recortar el gasto social mediante la reducción de las
prestaciones va a provocar el empeoramiento de las condiciones de trabajo y la
destrucción de empleo público, al tiempo que ponen en riesgo el Estado de
Bienestar que es patrimonio de la ciudadanía.
En este sentido manifesta su rechazo al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, así como al recorte adicional de 10.000 millones en sanidad y educación aprobado por el Consejo de Ministros. A su juicio, suponen un durísimo recorte en los servicios que debe prestar el Estado a los ciudadanos como Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Atención a la dependencia, Seguridad Ciudadana, Cooperación al Desarrollo, Ayudas para el acceso a la vivienda, Administración de Justicia, etc.
Para la Plataforma, estas medidas no aportarán ahorro a las arcas públicas y provocará la sustitución de multitud de puestos de trabajo público estables por otros temporales y con bajos salarios, por lo que es necesario revisar los plazos de cumplimiento del déficit, de manera que los recortes no impidan la inversión productiva y el mantenimiento del gasto que garantiza la protección social de los ciudadanos.
El gasto en estos servicios forma parte del gasto social y, a diferencia de lo que afirma el Gobierno, no son gratuitos puesto que se financian fundamentalmente mediante impuestos a los que contribuimos el conjunto de la ciudadanía, y constituyen la mejor inversión para el presente y el futuro.
La Plataforma defiende la gestión pública directa como mejor fórmula para el acceso universal a los servicios públicos en condiciones de equidad y garantía de calidad y denuncia las políticas de ajuste porque reducen las inversiones públicas y ocasionan un grave deterioro de los servicios públicos básicos. Asimismo, considera que sus consecuencias en la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, agudizan el retroceso social y obstaculizan la recuperación económica y la generación de empleo de España.
La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos concluye el manifiesto aseverando que hay otra manera de salir de la crisis a través del mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar, por lo que defenderá su presente y futuro, y exige al Gobierno que deje de gobernar con imposiciones, rectifique esta política y busque otras opciones más justas y equitativas para superar la crisis.
En este sentido manifesta su rechazo al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, así como al recorte adicional de 10.000 millones en sanidad y educación aprobado por el Consejo de Ministros. A su juicio, suponen un durísimo recorte en los servicios que debe prestar el Estado a los ciudadanos como Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Atención a la dependencia, Seguridad Ciudadana, Cooperación al Desarrollo, Ayudas para el acceso a la vivienda, Administración de Justicia, etc.
Para la Plataforma, estas medidas no aportarán ahorro a las arcas públicas y provocará la sustitución de multitud de puestos de trabajo público estables por otros temporales y con bajos salarios, por lo que es necesario revisar los plazos de cumplimiento del déficit, de manera que los recortes no impidan la inversión productiva y el mantenimiento del gasto que garantiza la protección social de los ciudadanos.
El gasto en estos servicios forma parte del gasto social y, a diferencia de lo que afirma el Gobierno, no son gratuitos puesto que se financian fundamentalmente mediante impuestos a los que contribuimos el conjunto de la ciudadanía, y constituyen la mejor inversión para el presente y el futuro.
La Plataforma defiende la gestión pública directa como mejor fórmula para el acceso universal a los servicios públicos en condiciones de equidad y garantía de calidad y denuncia las políticas de ajuste porque reducen las inversiones públicas y ocasionan un grave deterioro de los servicios públicos básicos. Asimismo, considera que sus consecuencias en la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, agudizan el retroceso social y obstaculizan la recuperación económica y la generación de empleo de España.
La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos concluye el manifiesto aseverando que hay otra manera de salir de la crisis a través del mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar, por lo que defenderá su presente y futuro, y exige al Gobierno que deje de gobernar con imposiciones, rectifique esta política y busque otras opciones más justas y equitativas para superar la crisis.
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